Crímenes sexuales en las FARC: ¿Estrategia de guerra?

Este texto se sale de todos los temas tratados en este blog, el cual esta dedicado a la moda, cultura, arte e historia, pero me parece importante y oportuno compartir esta investigación, ya que nos concierne a todos. Les comparto un abstracto de mi investigación sobre la violencia sexual en las Farc para la materia Construcción de Paz y Transición de la maestría de Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes, Bogotá.
Quien deseen leer la investigación completa, me puede escribir a andrea@blackbaccarablog.com
Todos los aportes, comentarios y sugerencias son bienvenidos.

  1. Resumen

Los crímenes sexuales en el marco del conflicto armado colombiano han sido de los menos investigados hasta la fecha. Luego de la firma del tratado de paz entre Gobierno y Farc, surgió la Corporación Rosa Blanca, integrada por excombatientes quienes han hecho públicas las denuncias de violencia sexual entre filas. Esto, en un momento cuando los líderes ideológicos de la organización guerrillera, contra quienes existen denuncias de abuso sexual en menores de edad, comienzan una vida política en el Congreso colombiano.

La implementación de la JEP todavía tiene vacíos y preguntas sin responder, y el tema de la violencia sexual lo hace más complejo cuando en el Congreso se tomó la decisión de que los crímenes sexuales en menores de 14 años serán judicializados por medio de la justicia ordinaria. A esto se suman la falta de garantías de verdad y no repetición.

Pero más allá de abordar el tema judicial, esta investigación busca exponer un panorama de lo sucedido con la poca información disponible, obtenida a través de testimonios, con la intención de analizar si estos crímenes corresponden a una estrategia de guerra o son el reflejo de una cultura patriarcal en Colombia.

  1. Introducción

Mariana Perry, psicóloga psicoterapeuta humanista, tuvo la oportunidad de trabajar con migrantes colombianos en busca de refugio en Ecuador debido a la guerra en Colombia. Para ella, el país no dimensiona el alcance del conflicto, una guerra que “no vivimos porque no la sentimos, no se vive en la ciudades sino en la parte rural.” Y con la violencia sexual no sucede diferente, “como sociedad tenemos un tema de violencia de género que ha estado muy de bajo perfil, no podemos pretender iniciar un proceso de paz sin estar dispuestos a abrir la caja de pandora” continua.

Las Farc tienen un historial violento en Colombia desde hace más de 50 años, y durante ese tiempo se ha hablado de violencia sexual dentro del grupo. Carolina Rosas, directora jurídica del centro de estudios de justicia transicional de la Universidad Sergio Arboleda, explica que hasta la fecha “no existen sentencias, hay una falla de Estado” relacionado con “uno de los delitos menos investigados por la justicia en Colombia”.[1]

Julieta Lemaitre escribió “en nuestra memoria cultural más antigua, la violencia sexual va incluida en la guerra y las mujeres siempre hemos sido un botín de guerra”. Algunos estudios y personas afirman que la violencia sexual entre filas de las Farc no fue una estrategia de guerra, sino el reflejo de una realidad donde mujeres y niñas llevaron la peor parte del conflicto armado en Colombia. 

A raíz del firmado tratado de paz, las excombatientes Sara Morales y Vanessa García crearon la Corporación Rosa Blanca con el fin de denunciar los crímenes de violencia sexual cometidos por integrantes de las Farc contra mujeres guerrilleras, denuncias que hoy se han extendido hacia la fuerza pública y otros actores armados. Esto con la intensión de “hacerle entender a la sociedad y al estado que las abandonaron por tantos años, que existen y necesitan apoyo.”[2]

Rocío Martínez, principal investigadora del informe realizado por el CNMH comenta que “no es posible afirmar que todas las mujeres (que militaron en las Farc) fueron víctimas de violencia sexual, pero sí se encuentra una relación entre la violación y la esclavitud con el reclutamiento de menores en zonas rurales”. En dicho documento se especifica que “las niñas y adolescentes vinculadas mediante reclutamiento forzado” eran las principales víctimas de violencia sexual, en la mayoría de los casos, niñas menores 14 años.

Por intermedio de Rosa Blanca, las mujeres a quienes sus derechos les fueron violados, piden verdad y reconocimiento como víctimas por parte de quienes fueron sus victimarios, y hoy en día parlamentarios, para que “reconozcan sus errores y digan la verdad sobre lo que hicieron con nosotras: nos reclutaron a la fuerza, nos pusieron fusiles en las manos siendo niñas, nos violaron y luego nos hicieron abortar los niños que ellos mismos engendraron” explica Sara Morales.

Las niñas son reclutadas cuando aun son menores de 15 años, muchas incluso llegaron al grupo guerrillero entre los ocho y diez años, algunas por voluntad propia como forma de escape de sus familias debido al abuso sexual al que eran sometidas en sus propios hogares. Según HRW las filas de las Farc estuvieron conformadas en casi un 50% por mujeres. Su poca edad aumentó su estado de vulnerabilidad dentro del grupo guerrillero. El informe señala que, debido al discurso de igualdad de género en la guerrilla, la vida cotidiana transcurría de igual forma para hombres y mujeres sin importar la edad: entrenamiento militar y aprendizaje de armamento, recopilación de inteligencia, participación en operaciones militares de la guerrilla, mismas responsabilidades y mismas tareas, se trata de una “homogenización de los cuerpos” explica el CNMH.

La falta de consciencia y necesidad de una perspectiva de género, se hizo aún más evidente durante los diálogos en la Habana, donde los grupos negociadores se caracterizaron por la ausencia de una voz femenina. Un grupo integrado por mujeres y la comunidad LGTBI no tardó en expresar su inconformismo, y su protesta logró la creación de la subcomisión de género en setiembre de 2014.

  1. Conclusiones

Al analizar los testimonios quedan grandes interrogantes si la violencia sexual entre filas de las Farc se debió a una estrategia de guerra como lo afirman unos o a un hecho cultural como lo explican otros. Según el informe de la Fiscalía mencionado en un artículo en el periódico El Tiempo, esta “sostiene que la guerrilla usó la violencia sexual como arma de guerra, para sembrar terror, desplazar, amenazar y extorsionar”.[1]

Para Perry, los colombianos trabajan con un nivel primario emocional de “puro cerebro animal, no han logrado hacer una integración cortical la cual es la capacidad de reflexionar y aplazar una circunstancia de dificultad”. El problema se extiende a la sociedad a medida que esta cree que se esta extensa de dicho problema de salud mental. Los colombianos han connaturalizado la violencia, entienden que el otro cuando piensa distinto es una forma de ataque y reaccionan de forma defensiva, es “la ley de la selva”, un mecanismo de huida y de agresión.

“El grado de degradación de la guerra, el grado de degradación de nuestra sociedad que permite de la manera que fue por la acción u omisión que esas cosas ocurran” continua. Y aunque las cifras de la violencia sexual en el marco de la guerra son alarmantes, el número de niñas violados por sus padres, padrastros y familiares fuera del contexto de la guerra es una problemática cotidiana en Colombia.

“Que todos los guerreros usan violencia sexual, pero los no guerreros también, entonces ahí es lo que hay que mirar” agrega María Eugenia.

“Desde una teoría feminista, en culturas y sociedades patriarcales la violencia es una herramienta de control del cuerpo y vida de las mujeres, sustentada en la subordinación, en la opresión, en la explotación, por eso la Casa de la Mujer no es del enfoque que las Farc utilizaron la violencia sexual como arma de guerra. No esta demostrado”. Si se mira el papel de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia, se encuentra que durante siglos, fue propiedad de su padre para una vez casada ser propiedad de su esposo. En Estados Unidos no fue hasta 1979 cuando la violación por parte del esposo hacia su mujer fue declarado un acto criminal, mientras que en diez países del mundo, como Ghana y Singapur, la violación marital aún es legal.

La violencia sexual no ha sido solo un ejercicio de poder entre filas de las Farc, existen denuncias de mujeres de la población civil contra miembros de las Farc, ELN, paramilitares y miembros de la fuerza pública. Es responsabilidad del Estado garantizar la protección de la integridad sexual de toda niña, adolescente y mujer, algo en lo cual hasta la fecha, ha fracasado. Rocío Martínez menciona que “todos los grupos armados ilegales y la fuerza pública han usado la violencia sexual, aunque ninguno de ellos la reconozca. (…)Más que una indignación colectiva nos debemos preguntar como sociedad por qué hemos dejado que esto haya pasado.” Y esa es una pregunta fundamental para garantizar la no repetición, qué esta dispuesta la sociedad ha hacer para evitar que esto continúe ocurriendo y cómo aportará en la construcción de paz.

El apoyo psicológico para estas mujeres es esencial en las etapas posteriores al proceso de paz, son mujeres quienes necesitan reconocimiento de sus derechos por parte del Estado, “antes era imposible siquiera mencionar el tema porque éramos consideradas terroristas. No teníamos derechos en las Farc y menos fuera de la guerrilla. Yo tuve que llorar a mi hijito mientras nos dábamos bala con el ejército porque solo pasaron dos semanas después de que me lo sacaron, cuando ya me mandaron a combate porque teníamos a los militares encima” relata Erika.

La violencia sexual contra la mujer y su gravedad son innegable, pero existen casos donde las mujeres estuvieron de acuerdo con la planificación, el aborto y la disposición a renunciar de forma voluntaria a ser madres “el proceso de construcción de los y las combatientes implica el entrenamiento de las personas; sus cuerpos que deben ser construidos para la guerra, la disciplina militar. (…) Algunas mujeres describen este proceso disciplinar como doloroso, y otras como necesario; de manera que no es posible afirmar que exista una sola posición al respecto dentro de las mujeres quienes han pasado por las filas de un grupo armado. (…) un cuerpo masculinizado”[2] es en parte la conclusión del informe entregado por el CNMH.

El mismo informe afirma que el ingreso de las mujeres a las Farc significó la “pérdida de la autonomía corporal y la imposibilidad de decidir sobre si deseaban planificar o no, qué tipo de métodos usar y si querían ser madres o no. La anticoncepción y aborto forzado se constituyen en dos formas de violencia sexual.” Ambas son practicas violentas contra el cuerpo de la mujer, además de impedirles su libre decisión sobre su vida sexual y reproductiva, les imposibilita determinar su vida familiar, además de ignorar sus “creencias morales y religiosas”.

A esta violencia se le suman “las precarias condiciones en que se realizan este tipo de intervenciones (abortos), la total imposibilidad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos sometidas a las decisiones de un comandante, el no contar con algunos cuidados básicos, sumado a las percepciones de un doble discurso en relación a la igualdad de las mujeres al interior de la estructura, trajo graves consecuencias físicas y emocionales a la vida de las mujeres”.[3] La Fiscalía obtuvo testimonios de mujeres quienes sufrieron las consecuencias de procedimientos abortivos en condiciones infrahumanas[4]. Aunque se tiene un sin fin de testimonios de mujeres violadas y obligadas a abortar, las cifras reales son desconocidas, incluyendo el número de mujeres fallecidas a raíz de procedimientos mal practicados.

Colombia vive en una sociedad patriarcal con unos “patrones culturales que reafirman la función de la mujer dentro de la estructura familiar como reproductora, cuidadora y protectora de hijos y esposo” a lo cual se le suman unos “niveles de complejidad dependiendo del área urbana o rural donde se incrementan comportamientos de poder, control y valoración de la mujer”.[5] Así exista un tratado de paz entre gobierno y Farc, y aún así los crímenes sexuales contra las mujeres sean judicializados, es un largo camino para poder garantizar la no repetición en la vida social debido a los códigos culturales de poder del hombre sobre la mujer en Colombia.

Queda un largo camino por recorrer para que en Colombia los derechos de las mujeres y su seguridad sexual sean respetados. Las mujeres de las Farc están a la espera de qué pasará con ellas en la JEP. “No puede haber paz verdadera sin alguna clase de rendición de cuentas y de que la verdad y la justicia son enfoques complementarios para lidiar con el pasado”[6] por lo que las comisiones de la verdad son fundamentales para la construcción de paz, además de la necesidad real de estas mujeres de ser reparadas y reconocidas como víctimas. El silencio por parte de las Farc, del gobierno y de la misma sociedad sería un grave problema y daño a los derechos de las mujeres, más cuando se trata de crímenes de los cuales las mujeres fuera del conflicto armado no están extensas.

“Esa igualdad de la que hablan es una gran mentira. Los cabecillas de las Farc aprovechan su alto rango para forzar a las guerrilleras a tener sexo con ellos bajo distintas amenazas” opina Paola Díaz[7]. El gobierno, quien debe ser un promotor de la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad no puede permitir la impunidad de los crímenes sexuales contra las mujeres porque estaría incurriendo en un doble discurso. Su obligación es con todas las mujeres sin importar edad ni procedencia étnica, pero no puede continuar fallándole a una sociedad. La violencia sexual transcurre con cifras alarmantes también fuera del conflicto armado. En informe presentado por la Fiscalía, en el periodo de enero a abril del año 2018, según cifras oficiales, 6.155 niñas, adolescentes y mujeres han sido víctimas de violencia sexual fuera del conflicto armado. La cifra real es desconocida debido al miedo de las mujeres en denunciar este tipo de violencia.

Más que una estrategia de guerra, la violencia sexual entre filas de las Farc es el reflejo de una sociedad violenta especialmente contra la mujer quien en ocasiones es todavía considerada como inferior por su condición de género. La firma del tratado de paz, la JEP o justicia ordinaria para los casos de violaciones en menores de 14 años, no serán suficientes para la construcción de paz si no hay un cambio de fondo en la estructura social de pensamiento patriarcal.

  1. Anexos

“No existen datos robustos, confiables y validos sobre las magnitudes de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, lo que contribuye a reforzar la impunidad frente a esta modalidad de violencia y a obstaculizar las demandas de justicia y verdad que las víctimas reclaman como parte integral a la protección de sus derechos (…) Una medición adecuada sirve también para orientar la creación de programas que contribuyan a erradicar las conductas sexistas que legitiman la violencia sexual”. COALICO estima además que en el periodo del 2008 al 2012 al menos 274 niños, niñas y adolescentes fueron agredidos sexualmente a diario en el territorio nacional a raíz del conflicto armado.[8]

La cifra reportada por el OMC habla de 14.982 hechos de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano entre 1958 y 2016 y de 15.076 víctimas de violencia sexual. Es importante anotar que una misma víctima puede sufrir varios casos de violencia sexual por parte de diferentes victimarios al tiempo que un mismo caso de violencia sexual puede tener varías víctimas. En 1985 bajo la Ley 1448 de 2011en la cual se reconoce a las víctimas del conflicto armado, hasta 2016 año de la firma del tratado de paz, se tienen registrados 14.254 casos y 14.309 víctimas de violencia sexual, se estima que el 91,6 por ciento de las víctimas son mujeres.

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